25 Nov Gurina y Sanchez: La lucha popular a juicio oral en Misiones
Desde el Gremio de los Docentes Autoconvocados manifestamos nuestra solidaridad y exigimos la absolución inmediata de los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez acusados por la supuesta responsabilidad del corte de la Avenida Uruguay de Posadas, en el marco de las protestas salariales docentes entre mayo y junio de 2024.
La causa judicial, caratulada “GURINA OLGA MONICA / SÁNCHEZ LEANDRO JAVIER S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y ENTORPECIMIENTO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE POR TIERRA EN CONCURSO IDEAL” es la primera en Misiones en la que la criminalización de acciones de protesta social llega a la instancia de juicio oral.
La decisión, sin dudas política, de llevar la protesta salarial al ámbito judicial muestra un endurecimiento de la posición de las autoridades frente al conflicto social. Esto sucede al tiempo que se agudiza la crisis económica, se profundiza el ajuste del gasto público y el gobierno nacional avanza hacia la ya anunciada reforma laboral. En ese sentido este juicio puede ser toda una señal de lo que vendrá.
Tanta celeridad se corresponde con la absoluta ausencia de pruebas concretas, por lo que la causa avanzó en base a interpretaciones forzadas para mostrar al Acampe Docente -una manifestación pacífica, pública, multitudinaria- como un hecho delictivo y a sus dirigentes máximos responsables.
Seis de los nueve testigos presentados por la Fiscalía son agentes policiales que participaron de diversas diligencias de notificaciones e intimaciones de desalojo del Acampe, pero ninguno de ellos señala conducta delictiva alguna.
Mónica Gurina y Leandro Sánchez fueron parte de la representación de los docentes en la Mesa de Negociación con el gobierno realizada el día 7 de junio, dos días después de haber prestado declaración indagatoria en la causa.
Esa instancia hizo posible una mejora sensible en la situación salarial de la docencia misionera, permitió destrabar el conflicto y consecuentemente el levantamiento de las medidas de lucha en ese momento. Tales hechos demuestran por qué el derecho a la protesta es considerado por juristas y constitucionalistas “el primer derecho”, ya que a través de él se preservan y se logra la reparación de otros derechos fundamentales.
Ante una crisis profunda la única salida es la unidad de acción de todos/as los/las trabajadores/as
Lejos de profundizar en la línea del diálogo y la llegada a soluciones concretas, el gobierno provincial optó por el camino de la judicialización de los conflictos, que dio lugar al inicio de causas penales que hoy en día alcanzan a más de una treintena de trabajadores de la salud y de la educación, sin contar las causas judiciales abiertas contra los agentes policiales y penitenciarios, que tienen otro marco legal.
La causa contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez es la primera de las que fueron abiertas en el marco del conflicto salarial de 2024 que llega a juicio. El caso debe llamar la atención de las organizaciones sindicales, sociales y políticas de todo el país, por constituir un precedente preocupante en el tratamiento de la protesta social por parte de las autoridades.
Este proceso judicial constituye un ataque directo a los derechos democráticos y sindicales, con el objetivo de disciplinar y desmovilizar a quienes defienden salarios y condiciones de vida dignas en con total desconocimiento del derecho a la protesta. Se trata de un intento evidente de amedrentar al conjunto de la clase trabajadora que reclaman por sus derechos.
Los Docentes Autoconvocados de Formosa decimos que reclamar salario no es delito, por ello exigimos la absolución inmediata de Mónica Gurina y Leandro Sánchez! Y de todas y todos los y las luchadores/as populares.
Desde Formosa abrazamos, acompañamos y saludamos la participación de referentes/as de la lucha docente, dirigentes/as sindicales y de derechos humanos y legisladores/as nacionales en esta jornada provincial de lucha en el inicio del juicio oral contra Mónica y Leandro.